Denuncia de magnicidio de Chávez sería "cortina de humo"

CASTO OCANDO / El Nuevo Herald
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El anuncio de una conspiración para derrocar al presidente Hugo Chávez, presentada con bombos el mismo día en que el mandatario venezolano ordenó la expulsión del embajador estadounidense en Caracas, ha generado más incredulidad y suspicacia que alarma en todo el país, y está siendo calificada por críticos y opositores como una estrategia de "cortina de humo'' para opacar las revelaciones sobre la presunta corrupción chavista en el juicio del maletín, que se ventila en una corte federal de Miami.

Las acusaciones de que un grupo de militares de la Armada y la Fuerza Aérea planeaban en breve tomar el palacio de Miraflores, donde se ubica el despacho presidencial, y hacer estallar el avión presidencial en pleno vuelo para cometer un magnicidio, fueron dadas a conocer la madrugada del jueves pasado en el programa de televisión La Hojilla, conducido por el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y candidato a la gobernación del estado de Carabobo, Mario Silva, y transmitido por el canal oficialista VTV.

El conductor sacó al aire varias grabaciones que revelaban una serie de diálogos entre los supuestos conspiradores, con los detalles del complot. Horas después, el mismo jueves, el propio presidente Chávez utilizó las grabaciones para transmitirlas en cadena nacional, durante un evento electoral en el que denunció la conspiración y terminó anunciando la expulsión del embajador norteamericano en Caracas, Patrick Duddy, en solidaridad con Bolivia.

Altos funcionarios militares ordenaron capturar a un vicealmirante y dos generales, ambos en situación de retiro, como cabecillas del presunto golpe de Estado, mientras voceros del gobierno informaban que varios complotados estaban siendo interrogados en la Dirección de Inteligencia Militar (DIM).

Tanto Chávez como otros altos voceros gubernamentales, acusaron a sectores de la oposición de participar en la presunta intentona, y señalaron a Washington de estar detrás de la conspiración.
Sin embargo, varios detalles que rodearon la supuesta grabación están poniendo en duda la veracidad de las acusaciones oficiales, según analistas y observadores.

Un video del informe del programa La Hojilla, exhibido en la Asamblea Nacional (AN) el mismo jueves en la tarde, durante una discusión de los diputados sobre el presunto plan golpista y de magnicidio, reveló que la grabación en realidad había sido hecha el 11 de enero de 2005, y no el mes pasado, como aseguró el candidato Mario Silva en su programa.

La fecha del video, que apareció en la pantalla donde fue proyectado en la AN, fue denunciada originalmente por el canal Globovisión, que es opositor al gobierno chavista.

"¿Por qué esperaron más de tres años para hacer pública la grabación?", inquirió el periodista Francisco Olivares, columnista del diario El Universal, de Caracas.

Olivares se preguntó la razón de que "luego de tanto tiempo de elaborada la grabación, seguramente por el DIM o la Disip, no se haya cursado una investigación a través de organismos de inteligencia y tal investigación haya arrojado en un tiempo lógico un resultado que posteriormente se diera a conocer al país de manera oficial''.

Tratando de justificar la falta de coincidencia en las fechas de la grabación, el presentador y candidato Mario Silva dijo que el video exhibido en la AN tiene fecha de enero de 2005 debido a que fue editado "en una máquina que tiene las fechas alteradas''.

Uno de los diputados presentes durante la exhibición del video en la AN, el ex chavista y ahora disidente Luis Tascón, restó credibilidad a las pruebas del complot, y destacó que "no es una grabación telefónica'', sino "una persona que está infiltrada en la reunión [conspirativa]'', probablemente "traidores'' de sectores internos del chavismo, a los que calificó como "derecha endógena''.

"No fue una intervención telefónica y lo están tratando de colocar como grabación para proteger a la persona que se infiltró'', indicó en una conferencia de prensa el viernes.

Aunque el candidato Silva aseguró que fue el primero en obtener la grabación a través de un correo electrónico, y que luego la transmitió a la policía política DISIP, a la DIM y a la Fiscalía General, no reveló de dónde provino el mensaje electrónico ni cómo se produjo la grabación.
A pesar de que el gobierno anunció el fin de semana allanamientos y detenciones de presuntos conspiradores, la denuncia de un golpe de Estado y un magnicidio ha generado reacciones incrédulas y suspicacias entre diversos sectores de la oposición.

"¡Qué casualidad que Chávez denuncia un complot justo cuando le estalla la bomba atómica del juicio [del maletín] en Miami! Es obvio que es un pote de humo'', dijo en una entrevista Teodoro Petkoff, editor del diario Tal Cual y opositor del régimen.

Petkoff estimó que desde que tomó el poder en 1999, "Chávez ha presentado 10 o 12 complots, que por cierto siempre terminan sin presos ni implicados'', y calificó la denuncia como un intento ‘‘de divertir la atención pública'' del juicio contra Franklin Durán que tiene lugar en la corte de Miami.

"Señor Presidente, usted cada vez que ve una baja en su popularidad, vienen unas elecciones o se siente acorralado usted inventa un golpe de estado o un magnicidio. Ya van once magnicidios inventados'', señaló Henry Ramos Allup, directivo del partido Acción Democrática.
"El Presidente debería ocuparse de los tres golpes: desayuno, almuerzo y cena'', dijo en tono sarcástico el dirigente de Primero Justicia, Julio Borges.

Miguel Henrique Otero, editor del diario El Nacional de Caracas, y presidente del Movimiento 2D, acusado por el chavismo como integrante del grupo conspirativo, negó que conociera a alguno de los supuestos militares alcistas, y dijo que "este es el único país en que militares retirados sin mando sobre tropa pueden organizar un golpe de estado y un magnicidio''.

De hecho, todos los altos oficiales acusados como cabecillas del golpe se encuentran en situación de retiro.

Entre los principales acusados están el vicealmirante Carlos Millán Millán, detenido el pasado viernes, y el general Eduardo Báez Torrealba, ex comandante logístico de la Aviación, ambos en situación de retiro.

También se encuentran el maestro técnico supervisor Joaquín Brito Lombardero, retirado de la guardia de honor presidencial, el teniente coronel Ruperto Sánchez Cáceres, comandante del grupo de policía aérea en Maracay, donde se encuentra la base aérea Libertador, y el mayor Elímenes Labarca Soto, supuestamente el piloto del caza F-16 que iba a bombardear el avión presidencial o el set de Aló, Presidente para consumar el magnicidio. Labarca fue detenido el sábado acusado de deserción militar en 2001, año desde que se encontraba en retiro.
El otro alto oficial implicado, el general de división Wilfredo Barroso, llevaba tres años sin cargo antes de su retiro el año pasado. El general Barroso escribió en junio pasado una carta abierta dirigida al comandante de la Guardia Nacional, donde cuestionaba el destino de ese componente de la Fuerza Armada Nacional.