Angel García Banchs
El Universal
En este momento el Gobierno nacional se preocupa principalmente por la reelección indefinida del Presidente de la República. Pero muy pronto tendrá que afilar el lápiz y sacar cuentas. El dilema, dado el colapso de los precios del petróleo, es determinar cómo atenuar la situación fiscal y externa que vivirá el país en el 2009 de la mejor forma posible desde el punto de vista del empleo y la inflación.
El menú incluye, entre otros: (i) aumentos en las alícuotas y bases de recaudación de impuestos vigentes como el ISLR y el IVA, (ii) el aumento de las tasas cobradas por bienes y servicios públicos, como la electricidad, telefonía, etc., (iii) el reestablecimiento del ITF para personas jurídicas y naturales, (iv) el aumento del precio de la gasolina, otros combustibles y productos petroquímicos, así como el recorte del gasto social parafiscal de Pdvsa, el ajuste de la tasa de regalías, el ISLR y la política de dividendos de la empresa estatal petrolera, (v) el ajuste de la política financiera del Estado en lo relativo a las tasas de interés pagadas por el fisco y el BCV, (vi) menores aumentos de salarios acompañados de un recorte del gasto de capital e infraestructura física, (vii) la disminución del gasto militar, el gasto en descuentos y regalos al exterior, y el gasto social, (viii) la interrupción del proceso de estatización de ciertos sectores productivos y (ix) la devaluación del bolívar fuerte.
En relación al primer punto, es de esperar que se opte por la intensificación del cobro del ISLR y el aumento de la tasa del IVA. En lo relativo al segundo, es poco probable, pero siempre posible, que las tarifas de los servicios públicos aumenten. Los puntos tres, seis, y ocho relativos al reestablecimiento del ITF, menores aumentos de salarios, recortes del gasto de infraestructura, y la interrupción del proceso de estatización son prácticamente un hecho.
En lo referente al cuarto, no es poco probable un aumento de la gasolina acompañado de un subsidio para el transporte público de pasajeros, un recorte profundo del gasto social parafiscal de Pdvsa, un reacomodo de las tasas de regalía e ISLR de la industria, y una política de desinversión petrolera favorable al aumento de los dividendos entregados por Pdvsa al fisco en el corto plazo.
En relación al sexto punto, una fuerte disminución del gasto militar es simplemente imposible, pues éste representa un costo político al cual el Gobierno no está dispuesto a renunciar. Pero, en materia de regalos al exterior sí es de esperar que el gasto disminuya de forma automática, puesto que, por un lado, los descuentos petroleros que ofrece la República caerán en la medida en que caiga el precio del crudo y, por el otro, la colocación y compra de nuevas emisiones de deuda argentina y ecuatoriana se verán obstaculizadas en el 2009 dada la actual crisis financiera internacional. En relación al punto siete, tal y como es costumbre, es de esperar que el recorte en el gasto social afecte con mayor fuerza a los sectores salud, vivienda, educación de tercer nivel, técnico y universitario, ciencia y tecnología y desarrollo y seguridad social.
Finalmente, en relación al punto cinco y nueve, relativos al manejo de la tasa de interés y el tipo de cambio, todo dependerá de los objetivos del Estado. La razón es que existe una multiplicidad de combinaciones posibles, aun cuando el Gobierno tiene claro: (i) que con una inversión privada estancada, aumentar los impuestos y reducir el gasto simplemente paralizaría a la economía venezolana, (ii) que un nivel de reservas internacionales de 40.000 millones de dólares es insuficiente para cubrir siquiera 6 meses de importaciones, pagos de deuda y salidas de capital, y (iii) que, a un tipo de cambio de 2.15 Bs.F./$ y un precio menor a 80$ el barril, lograr en el 2009 el equilibrio externo, el de Pdvsa y el del fisco será simplemente imposible. En fin, la pregunta ya no es si devaluar o no, sino cuánto devaluar.
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