Nelson Bocaranda Sardi / Runrun.es
ALTO
¿EL SECRETO?: En 2004 el presidente Hugo Chávez ordenó al entonces Fiscal General de la República, Julián Isaías Rodríguez, establecer un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para compartir bilateralmente “todos los expedientes e informaciones que cursaran en ambos países por delitos de narcotráfico, lavado de dinero, corrupción, crimen organizado, ilegalidades de inmigración y todo aquello que atentara contra los gobiernos de ambos países”. El embajador americano era William Brownfield y el presidente George W. Bush. El acuerdo fue firmado por el hoy vicepresidente de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente y se puso en práctica desde el momento de suscribirlo. Hasta que el inefable Isaías fue reemplazado por Luisa Ortega Díaz, en noviembre de 2007, el flujo de información con Estados Unidos se mantuvo activo. Cuando ella asume nadie le informó del muy secreto “convenio bilateral de información que afecte el ejercicio de los gobiernos de EE.UU. y/o de Venezuela”. Es por ello que desde el año pasado cuando se hizo del conocimiento de la Fiscal Ortega la existencia de ese acuerdo gracias a la información proveniente del gobierno de Barack Obama -por supuesto nunca del gobierno de Maduro- se comenzó a recopilar información sobre personeros y negocios desde 2004 hasta hoy. Debido a ese “pacto secreto” llegó al Ministerio Público toda la información sobre Odebrecht desde la Fiscalía y la Corte Federal de Brooklyn, NY, tras el juez distrital Raymond Dearie llegar a un acuerdo e imponer a la empresa multas por un total de $ 2.600 millones que fueron pagadas a EE.UU., Brasil y Suiza. A cambio de ese arreglo se otorgó lenidad a los acusados tras declarar en detalle el esquema de corrupción con los gobiernos contratistas de la empresa, entre los cuales destaca Venezuela con los contratos bajo Chávez y Maduro. Las confidencias develadas por los acusados dieron detalles de cuentas, testaferros, esquemas inventados y entrega de efectivo en las campañas de ambos presidentes. En esa Corte se reunió toda la información de cada país. Por allí es que llega a la Fiscal Ortega y se añade a la que ya en Brasil le dieron en febrero y la semana pasada en el encuentro de Fiscales de Mercosur en Brasilia. Por el acuerdo mencionado Ortega también tiene en su poder todo el expediente del caso de los “narcosobrinos presos” y un centenar más en otras cortes incluyendo los casos de las cuentas en el HSBC y de los contratistas de PDVSA & Citgo …
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